Ante los antecedentes difundidos recientemente por CIPER (ver artículo aquí), que vinculan al abogado don Luis Hermosilla y al Ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, don Antonio Ulloa, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados manifiesta su más enérgico rechazo a cualquier forma de injerencia indebida en los procesos de nombramiento de jueces y fiscales judiciales, especialmente cuando estas conductas surgen del uso impropio de cargos gremiales o redes de poder político.
Con independencia de los hechos específicos conocidos por la prensa —respecto de los cuales corresponde resguardar la presunción de inocencia de las personas aludidas, hasta que exista una investigación formal y eventualmente una resolución fundada—, resulta ineludible alzar la voz ante prácticas que, de verificarse, vulneran gravemente los principios de independencia, imparcialidad y transparencia que deben regir al Poder Judicial. Estas situaciones afectan directamente la legitimidad institucional y erosionan la confianza ciudadana en la justicia.
Reiteramos que los nombramientos judiciales deben fundarse exclusivamente en criterios objetivos, tales como el mérito, la trayectoria profesional y las competencias acreditadas de los postulantes. Es imperativo que dichos procesos se conduzcan con plena transparencia, sin interferencias externas, y en estricto respeto a los principios de igualdad de oportunidades, probidad y servicio público.
En ese contexto, nuestra Asociación ha venido participando activamente en el debate legislativo y en la elaboración de propuestas concretas para perfeccionar el proyecto de reforma constitucional actualmente en tramitación en la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados. Instamos a los poderes públicos a otorgar a dicha reforma la urgencia y prioridad que la situación amerita, a fin de fortalecer un sistema de nombramientos basado en criterios técnicos, públicos y verificables, que resguarde la autonomía del Poder Judicial.
Finalmente, hacemos un llamado a las autoridades competentes a investigar con rigor los hechos revelados y a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los procesos de designación judicial se desarrollen con plena independencia y libres de cualquier tipo de presión o influencia ilegítima.
No podemos, como sociedad, aceptar que prácticas contrarias a la ética, la probidad y la función pública queden impunes o se naturalicen en el funcionamiento del sistema judicial.
Mariela Hernández Acevedo, Presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial