Compartimos texto de declaración pública de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) que adhiere al rechazo manifestado por el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) frente a los hechos registrados el pasado fin de semana en Brasilia.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile (ANMM), adhiere al público repudio por la muerte del colega juez ocurrida hoy en la ciudad de Lago Agrio, Ecuador, y solidariza con su par, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ), al tiempo que envía sus condolencias a su Familia, colegas y colaboradores/as.
Asimismo, adherimos al contenido de las declaraciones efectuadas en la víspera por AEMAJ y por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que integramos.
Por otra parte, ponemos especial énfasis en que, junto con relevar nuestra preocupación permanente por la seguridad de quienes intervienen en el proceso penal, estimamos que las autoridades competentes deben atender las peticiones que se han formulado con anterioridad y avanzar decididamente en la constitución de mesas técnicas que aborden la problemática de la seguridad de las y los operadores/as del sistema de justicia; especialmente, juezas, jueces y fiscales, en los términos que ha expresado previamente la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, pues de ello depende en gran medida el aseguramiento real de la independencia y autonomía, sea en el cumplimiento de la función jurisdiccional o persecutora, respectivamente, para la plena realización y vigencia del Estado Democrático de Derecho.
La Asociación Nacional de Magistrados, en relación con hechos de público
conocimiento registrados en los últimos días, declara lo siguiente:
1.- La independencia judicial puede ser socavada desde muchas aristas, pues
son múltiples las formas de ejercer presión sobre juezas y jueces;
2.- En noviembre pasado hicimos un enérgico llamado al cese de la violencia que
hemos observado en estos momentos convulsos;
3.- Hoy reafirmamos nuestro más categórico rechazo a las amenazas que afectan
a jueces y juezas, y en particular, a doña Andrea Acevedo;
4.- Estimamos que cualquier divergencia debe ser resuelta por las vías
legales, con apego irrestricto a las garantías constitucionales y derechos
humanos;
5.- Nuestra libertad de expresión ha de ejercerse con responsabilidad y
respeto;
6.- Y esperamos que las circunstancias en que nos encontramos abran caminos de
diálogo intenso, racional, crítico y constructivo que permita mejorar cada
institución de Chile que lo requiera, entre ellas el Poder Judicial.
La Asociación Nacional de
Magistrados del Poder Judicial de Chile hace un urgente llamado al cese de la
violencia generada tras el estallido social y convoca a la sociedad en su
conjunto a retomar el diálogo encausándolo en los caminos institucionales de la
democracia y estado de derecho que rige en nuestro país.
Exhortamos asimismo a las autoridades a promover en lo
inmediato las medidas sociales suficientes que se traduzcan en cambios
sustantivos, y en el más breve plazo posible, de las actuales condiciones que
han generado el descontento de nuestra sociedad y motivado su movilización.
Jueces y juezas hemos procurado actuar con celo en la
tutela efectiva de los derechos de las personas durante la contingencia y hoy
reafirmamos dicho compromiso en el ejercicio de la función. Por lo mismo,
requerimos de las autoridades competentes que se adopten los resguardos
suficientes en cuanto a la seguridad de los recintos donde servimos.
No podemos finalmente soslayar la necesidad imperiosa
de que se aborde con celeridad el cambio constitucional y normativo que permita
avanzar hacia un nuevo orden inclusivo, socialmente equitativo y legitimado por
todos y todas, con énfasis en la revisión del diseño de todas aquellas
instituciones que han permanecido inalteradas; en especial, de nuestro Poder
Judicial.
A esto último nos hemos abocado en profundidad por
cerca de una década. La modernización de esta parte del Estado es un imperativo
que apremia, y ante la oportunidad histórica de propender a un nuevo proceso
constituyente, ponemos a disposición de toda la sociedad nuestro conocimiento,
experiencia y energía en tal sentido.
Creemos que es tiempo de retomar la convivencia pacífica,
resolver nuestras diferencias a través del diálogo y reencausarlas para
edificar un Chile mejor.
La Asociación Nacional de Magistrados, en relación con los lamentables
hechos que afectan a gran parte de nuestro país, manifestamos lo siguiente:
1° Expresamos nuestra máxima preocupación por las reiteradas denuncias por
el uso excesivo de la fuerza por parte de personal de las FFAA y de orden en el
contexto del actual estado de excepción y su resultado, que al momento arroja
tres efectivos formalizados por delitos derivados de este actuar;
2° Insistimos en que tales acciones, de ser ciertas, sobrepasan el marco de lo que el Estado de Emergencia permite y constituyen un exceso inaceptable a partir de la afectación de derechos fundamentales que no se hallan restringidos por dicho estado de excepción;
3° Lo anterior es especialmente preocupante a partir de múltiples denuncias
que revelarían una acción desmedida de las fuerzas que tienen a su cargo la
mantención del orden respecto de tratos crueles, inhumanos o degradantes dados
a personas, en especial a niños, niñas y adolescentes (NNA), desplegando
conductas que resultan total y absolutamente inaceptables;
4° Hacemos un enérgico llamado a quienes deben cautelar el orden público en
estas jornadas a mantener un uso racional y proporcionado de la fuerza,
reiterando que el actual Estado de Excepción Constitucional sólo limita las
facultades de locomoción y reunión y no así otros derechos que siguen
plenamente vigentes para todas las personas, sin excepción.
5° Respaldamos la abnegada labor y el celo con el que están actuando
quienes intervienen en la tutela efectiva de los derechos de las personas en
estos duros momentos por los que atraviesa nuestro país y formulamos un
ferviente llamado a contribuir a la superación de las circunstancias que
motivaron este estallido.
6° Rechazamos rotundamente toda conducta violenta, cualquiera sea su
origen, alejada del respeto de derechos de las personas.
Finalmente, transmitimos y reiteramos a la ciudadanía la confianza de que
cada juez y jueza cumplirán cabalmente con su deber para el aseguramiento del
pleno respeto de los derechos y garantías que asisten a cada persona, aún más
en esta delicada y dolorosa contingencia.
Sobre la imborrable
huella traumática de nuestro pasado presente que se hace más visible en estas
fechas conmemorativas, queremos reflexionar sobre la justicia y su relación con
las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura civil militar
que asoló nuestro país por 17 años.
Con la convicción de que las memorias y sus resignificaciones
aportan a la cultura de derechos humanos y en consecuencia a la formación ética
y democrática para la no repetición.
Cumpliendo con el compromiso adquirido por nuestra Asociación
Nacional de Magistrados en torno a la tutela, protección y promoción de los
derechos fundamentales de la persona humana, destacamos la importancia del
acceso íntegro a la justicia.
Teniendo conocimiento del sistemático trabajo que ha
representado la investigación de muertes, torturas, desaparición de personas y
privación de libertad, asumida con seriedad y dedicación por ministras y
ministros en visita,por departamentos especializados del Servicio
Médico Legal y la Policía de Investigaciones, creemos que es fundamental
validar esos esfuerzos a través de la integración de diversos y nuevos recursos
que permitirán a esos equipos seguir avanzando oportuna y eficientemente en
materia de verdad y justicia, nociones tan necesarias para la reparación y
enriquecimiento de la cultura democrática y por sobre todo para las personas
que han acudido a los procesos judiciales.
Los largos procesos judiciales han provocado en quienes
esperar saber lo ocurrido con sus familiares una permanente activación de la
huella traumática, a lo que se agrega que muchos han fallecido sin lograr conocer
el resultado de la investigación sobre los hechos que les afectaron, lo que
deviene en una nueva vulneración de derechos.
Se añade la frustración de ver cómo también fallecen los y
las involucradas en estos delitos de lesa humanidad sin que sean sancionados ni
estén en condiciones de aportar datos y antecedentes sensibles al
esclarecimiento de tales violaciones.
En ese contexto y, a
46 años del inicio de la dictadura, la Asociación Nacional de Magistrados hace
un llamado a las autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo para que adopten
todas las medidas necesarias que refuercen los dispositivos que permitan
concluir, en el más breve plazo, con las investigaciones pendientes. Concretamente
solicitamos:
Asignar el presupuesto adicional necesario para contar con
una mayor dotación de profesionales técnicos especializados, nacionales o
extranjeros, que refuercen y amplíen el trabajo desarrollado por los
departamentos especializados del Servicio Médico Legal y la Policía de
Investigaciones, procurando mantener los equipos con los profesionales
especializados y disponer preferencia en la ejecución de las diligencias
relacionadas.
Aumentar el número de ministros y ministras en visita, si
fuere necesario, disponiendo su dedicación exclusiva al conocimiento de las
causas sobre estas materias.
Disponer del personal administrativo adicional necesario para
el apoyo de estas investigaciones.
Disponer las medidas necesarias para agilizar la tramitación de causas de DDHH en segunda instancia y Corte Suprema dando
preferencia a su conocimiento.
Los/as
sobrevivientes y las familias de fallecidos/as y desaparecidos/as, han esperado
por años una explicación de lo sucedido a sus seres queridos. Es un imperativo
de derechos humanos acelerar y concluir este trabajo que representa una
relevante forma de reparación para el país y la democracia.