“Escuela de dirigentas” es un espacio de formación y conexión que busca empoderarlas para acelerar los procesos de cambio por los que atraviesa nuestra sociedad, señalan sus creadoras.
Una inédita experiencia para el mundo judicial comenzó ayer de la mano de la “Escuela de dirigentas”, una serie de ocho talleres que impartidos por la consultora VeoMás reunirá a un grupo de juezas chilenas en torno a un programa que durante agosto pretende que “se reconecten consigo mismas, con sus talentos y su propósito y se empoderen, activando sus propios recursos para el logro de sus metas”.
Se trata de un emprendimiento conjunto entre la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), la Asociación de Magistradas Chilenas (MA_CHI) e impartido por VeoMás cuyo objetivo es que las participantes se conviertan en agentes de cambio positivo para mejorar los niveles de equidad en el sistema judicial chileno y que sean parte del desarrollo de una experiencia transformadora para las mujeres que trabajan en el Poder Judicial, con nuevas habilidades que les permitan desarrollarse en lo profesional y también en lo personal.
El lanzamiento se efectuó de manera virtual y contó con la participación de la ministra de la Corte Suprema Andrea Muñoz, encargada de los asuntos de género del Máximo Tribunal, quien celebró la iniciativa, añadiendo que: “las demandas de paridad en todos los espacios de decisión, como supuesto de una sociedad verdaderamente democrática, han venido permeando en gran medida la sociedad chilena del último tiempo, al punto de haberse levantado como propuesta constitucional”.
Por su parte, la Vicepresidenta de la ANMM, Verónica Vymazal, señaló que “esta escuela da forma y contenido a un anhelo y necesidad que venían procesando y elaborando hace algunos años varias dirigentas de nuestro gremio, que se concibe en la experiencia personal. Dentro de nuestra asociación existe una historia no narrada de las mujeres en el gremio que ya es hora de reivindicar”.
Finalmente, en la misma línea, la Presidenta de Machi, Carola Rivas, destacó que “ser niña o ser mujer no puede ser una barrera para desarrollar nuestros potenciales. Cuando nos empoderamos realmente creamos un mejor futuro para la humanidad” y relevó la importancia de la participación activa de las mujeres para el logro de la democracia, el buen gobierno, la sustentabilidad ambiental y la paz.
Inédita hasta ahora, iniciativa llama a reflexionar sobre conductas del hombre que impiden la construcción de relaciones igualitarias y que impactan en los espacios judiciales de trabajo.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistradas (ANMM) y la fundación Crea Equidad lanzaron hoy una campaña al interior del Poder Judicial que busca sensibilizar y llamar a la reflexión acerca de las “masculinidades” que imperan actualmente, entendidas como aquellos atributos, valores, comportamientos y conductas que los hombres construyen para sí y en sus relaciones en una determinada sociedad y cultura.
Bajo el lema “Es de Justicia” y con una primera entrega sobre “estereotipos”, la campaña incluye cuatro capsulas animadas que serán liberadas en redes sociales durante las próximas semanas y que abordan temas que ponen en juego el compromiso de los hombres con la igualdad de género, tales como estereotipos y masculinidades; acoso sexual y violencia de género, participación y representación paritaria y corresponsabilidad en los cuidados, contenidos que están especialmente dirigidos a los hombres que conforman el Poder Judicial.
El presidente de la ANMM, Mauricio Olave Astorga, señaló que “el gremio de juezas y jueces ha adquirido el compromiso de avanzar en la generación de reflexiones encaminadas a la erradicación de toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres; ello, sobre la base de la promoción de la igualdad en decisión coordinada desde nuestra Comisión de Derechos Humanos y Género y que se ha expresado en diversas acciones, entre ellas el lanzamiento de esta campaña”.
Para el director ejecutivo de Crea Equidad en tanto, Roberto Celedón Bulnes, el correlato surgió “de la pregunta conjunta de ¿por qué los hombres no se transforman? ¿por qué las tasas de acoso y/o violencia de género siguen aumentando’ ¿por qué los hombres siguen sobre representados en el poder? ¿por qué no asumen masivamente la corresponsabilidad? Para hacer efectivos todos estos cambios, es necesario innovar en el marco de orden de género que nos guía a la hora de interpretar la realidad y las relaciones entre las personas”, dijo el sicólogo a cargo de la institución que lleva casi una década dedicada al estudio y la incidencia de las masculinidades en Chile.
La campaña será visible a partir de hoy en buscadores y en los perfiles de redes sociales de “magistradasymagistradosdechile”.
Resoluciones de magistrados
del 13° Juzgado de garantía de Santiago se dieron en el contexto de dos
querellas del INDH.
Dos inéditas resoluciones fueron dictadas este mediodía por la jueza Valeria Vega y el juez Eduardo Gallardo, ambos del 13° Juzgado de garantía de Santiago- a favor de tres adultos y un adolescente, respectivamente, objeto de graves violaciones a sus derechos humanos por parte de funcionarios de la 43ª Comisaría de Carabineros de Peñalolén, a quienes se prohibió acercarse a las víctimas en aplicación, entre otras disposiciones, de lo contemplado en el artículo 13° de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El juez del 13° Juzgado de Garantía de Santiago, magistrado Eduardo Gallardo.
Según
explicó el magistrado Gallardo, “si bien se trata de casos similares, el del
adolescente K.A.L.G. es especialmente grave pues se trata de un muchacho de
sólo 14 años”.
El
artículo 13° de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes señala que “Todo Estado Parte velará por que toda
persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo
su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta
e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes”. La misma norma
prescribe que “Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y
los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como
consecuencia de la queja o del testimonio prestado”, las que tanto Vega como
Gallardo estimaron ineludible aplicar conforme con el artículo 5° de la
Constitución chilena.
En
ambos casos, los jueces resolvieron que “los hechos denunciados en la querella
son de especial gravedad, los cuales podrían constituir graves violaciones a
los Derechos Humanos perpetrados por agentes del Estado […] (y) que esa sola
circunstancia conlleva que las presuntas víctimas se encuentran en especial
situación de vulnerabilidad frente a sus eventuales agresores, lo cual
justifica, en este caso, que la jurisdicción cautelar intensifique su mandato
internacional, constitucional y legal de tutelar los derechos fundamentales”.
Consultados
acerca del cumplimiento de las medidas, indicaron que para hacerla efectivas,
junto con comunicarlas a la propia unidad y a la Prefectura Oriente de
Carabineros, se pidió al Ministerio Público adoptar todos los medios
adicionales necesarios para asegurar que se cumpla lo resuelto, además del
monitoreo que efectuará el propio INDH.
La Asociación Nacional de Magistrados (ANM) comunica
que con fecha 23 de septiembre de 2019, el actual Ministro de la Corte de
Apelaciones de Santiago, señor Mario Carroza, presentó su renuncia al
Directorio de la organización gremial en carta dirigida a su Presidenta,
Soledad Piñeiro, aduciendo motivos personales y de tiempo para ejercer el
cargo.
En virtud de lo anterior y conforme con los estatutos
de la ANM, el Directorio procederá a informar el hecho a su Tribunal
Calificador de Elecciones a objeto de que éste resuelva y comunique la
integración que tendrá su Directiva tras la renuncia, cuyo período expiraba durante
el último trimestre del próximo año.
El Director Carroza mantiene su calidad de asociado. La
ANM agradece el tiempo que sirvió en el cargo, deseándole éxito en sus
emprendimientos.
– Presentación se funda en que la omisión
constituye un mecanismo de presión que atenta contra la independencia de
magistrados y autonomía de persecutores.
Washington.-
Una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) presentaron hoy las asociaciones de magistrados y de
fiscales, por estimar que la exclusión del reajuste al sector público de la que
fueron objeto en 2016 constituye un mecanismo de control que atenta contra la
independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de una
discriminación arbitraria en perjuicio del rol de afectados y afectadas.
La acción fue presentada en la sede de la Comisión por
la Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro
Fuenzalida, y su par de los Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe
Hernández, acompañados del abogado chileno Ciro Colombara López, previo a un
encuentro con la Relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del
tribunal, Soledad García-Muñoz.
Los gremios de jueces y de fiscales decidieron
recurrir al Sistema Interamericano de DDHH luego de agotar todas las acciones y
recursos ante la justicia ordinaria del país, que intentaron revertir un
congelamiento de las remuneraciones que les significó quedar fuera de cualquier
ajuste de corrección de sus rentas por la natural alza del costo de la vida el
año 2016, materia que, de acuerdo con la legislación chilena, se incluye en la
discusión de la ley de presupuesto de la Nación en noviembre de cada año.
Para ambas asociaciones, si bien el
congelamiento no fue permanente, resulta peligroso que no existan parámetros
objetivos para la fijación y exclusión de tales reajustes, como que estén
sujetos a la contingencia política, por lo que estiman relevante una decisión
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en orden a detener este tipo de
conductas como claros indicios de debilitamiento de las garantías para los
justiciables.
Jueces de Familia presentes en la instancia llamaron a rechazar en todas sus partes el proyecto de ley (Boletín 10.315-18) que establece un sistema de garantías de derechos de la niñez.
Valparaíso, 12 de diciembre. La Comisión Especial del Senado abocada a la tramitación de proyectos relacionados con la infancia aprobó constituir una mesa interinstitucional promovida por la Asociación de Magistrados a la que sumarían legisladores y representantes del Ejecutivo para abordar todas las iniciativas de protección integral y derechos de niños, niñas y adolescentes, ello tras oír la exposición de Juezas de Familia adscritas al gremio que llamaron a rechazar en todas sus partes el texto del boletín 10.315-18 analizado previamente.
Las magistradas Mónica Jeldres y Pamela Lobos, en representación de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados, transmitieron la visión consolidada del gremio de jueces con base en los acuerdos de la Convención Nacional desarrollada en octubre pasado y las propuestas de la propia Comisión interna convocada a tal efecto que se dedica a analizar los proyectos de ley actualmente en tramitación relacionados, como el que establece un sistema de garantías de derechos de la niñez y que motivó su comparecencia hoy.
En la sesión estuvieron presentes los senadores Patricio Walker, presidente de la comisión; la senadora Ena Von Baer y los senadores Juan Pablo Letelier, Jaime Quintana y Manuel José Ossandón para abordar la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional. En calidad de invitados asistieron la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, la subsecretaria del Ministerio del Desarrollo Social, Heidi Berner, y la abogada Camila de la Maza, de Corporación Opción.
La jueza de familia Mónica Jeldres manifestó que en el proyecto no se observa una garantía al debido proceso ni representa un mecanismo eficaz de defensa, pues no está garantizado el derecho a defensa en los términos que mandatan los tratados internacionales. “En Chile no existe un abogado especializado, autónomo, gratuito, nacional y de libre elección del niño”, aseveró.
Consultado sobre el escenario que abre el rechazo al proyecto en cuanto a la tramitación del mismo, el juez Pedro Maldonado expresó que “la idea es lograr una ley de garantías inserta en un sistema de protección integral y eso con este proyecto como estaba hoy no se estaba logrando. Para nosotros el punto central es el modelo de protección administrativa; es decir, cambiar de un modelo de protección judicial a uno administrativo sin un contexto claro de derechos y garantías es adoptar un riesgo que no nos parece lógico: tiene que ser sobre la base de un sistema de derechos claramente establecidos”.
La magistrada Jeldres en tanto señaló que “es complejo trabajar en distintos proyectos de ley en distintas comisiones; por lo que propusimos que se constituyera una mesa de trabajo para abordar los temas de protección y derechos de infancia de forma integrada. Estamos ante una dispersión que debe corregirse. Lo que el defensor de la niñez puede hacer sin un sistema de garantías no es mucho”, indicó. A modo de ejemplo, “los niños en el sistema residencial tienen largas permanencias, de cuatro, cinco o siete años y eso ocurre por un letargo en los procesos, que se relaciona con la falta de una defensa letrada que esté revisando la situación”.
A su turno, la jueza de familia Pamela Lobos, recordó que el proyecto en tramitación tenía el propósito original de establecer un sistema de protección y garantías de derechos, aunque tal como está en la actualidad, luego de los estudios desarrollados por la Asociación Nacional de Magistrados, se estima que no alcanza a cumplir este objetivo, por lo que la posición del gremio fue recomendar el rechazo el proyecto de ley en todas sus partes, en atención a que no alcanza los estándares suficientes.
