En una ceremonia realizada ayer en el centro de educación y trabajo femenino semiabierto “Talita Kum” (“mujer, levántate”) de Santiago, la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) y Gendarmería de Chile lanzaron el “Protocolo de actuación dirigido a funcionarios del Poder Judicial, para la ejecución de visitas en centros penitenciarios de mujeres privadas de libertad”, cuyo fin es ser instrumento guía y de uso habitual para el efectivo cumplimiento de las normas internacionales sobre DD.HH. respecto de la población penal femenina, con bases para para la ejecución de visitas que a jueces y juezas corresponde realizar a los Centros Penitenciarios Femeninos según lo dispuesto por el artículo 587 del Código Orgánico de Tribunales para proteger y promover los derechos de las mujeres privadas de libertad y sus hijos e hijas.
La iniciativa es fruto de un trabajo conjunto entre la organización gremial, Gendarmería de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la ONG Leasur y la Universidad Central y tiene como antecedente más próximo la aplicación de las llamadas “Reglas de Bangkok” de Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes de 2011, instrumento que instó a los Estados miembros a considerar las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres reclusas al elaborar la legislación, los procedimientos, las políticas y los planes de acción correspondientes en el marco de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
El protocolo establece un total de dieciséis principios y seis bloques de acciones; destacando especialmente entre los primeros que, “con el propósito de aplicar el principio de no discriminación, las administraciones penitenciarias tendrán en cuenta las necesidades particulares de las mujeres” y que “todas las reclusas serán tratadas con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos y gozarán de sus derechos en condiciones de igualdad”, al tiempo que establece un extenso catálogo de recomendaciones en materia de contexto familiar, salud, educación, reinserción y rehabilitación, los derechos sexuales y reproductivos, estructura carcelaria y seguridad y la vigilancia.
La ceremonia contó con la presencia del Presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, y también por la entidad gremial, de la Directora a cargo y Coordinadora de su Comisión de Derechos Humanos y Género, Soledad Piñeiro y Susan Sepúlveda, respectivamente, así como de representantes de Gendarmería y demás entes involucrados. Flores señaló que “los jueces no somos indiferentes; también estamos preocupados de que la sanción que aplicamos sea sólo eso y no se extienda más allá excediendo el Estado los límites que implica estrictamente una privación de libertad, permitiéndose el goce de otros derechos que no están afectados por la sanción”.
Al término de la actividad, un grupo de asistentes hicieron un recorrido por las instalaciones del centro, cuya función es administrar y proporcionar herramientas para fomentar el desarrollo de competencias y habilidades blandas, laborales, de capacitación y educación que contribuyan a la adaptación y a la reinserción social de las mujeres privadas de libertad.