Estimado Diputado Aguiló:
Recibí por intermedio de su secretario de prensa su entrevista en que, a mi modo de ver, desliza conceptos desafortunados y erradas apreciaciones sobre los jueces.
Por sus palabras lamento que no hayamos tenido la capacidad de transmitir el mensaje que está detrás de la posición de la Asociación de Magistrados de Chile que presido en relación con el congelamiento de salarios.
No encontrará en nosotros personas dispuestas a una guerrilla verbal, pues somos respetuosos de la función que ejercen otras autoridades públicas.
Como jueces, ejercemos (de manera individual, en cada caso que vemos) una parte de la soberanía estatal y precisamente por ello, hemos pedido que se analice la situación en la perspectiva correcta, que espero que Ud. pueda llegar a aprehender, pues necesitamos -precisamente- de los representantes del pueblo, para proteger, mediante las normas adecuadas, la independencia como un derecho ciudadano y como un arreglo institucional esencial.
Por esta misma razón hemos destacado el error que hay en el tratamiento como funcionarios subordinados de la burocracia estatal, en una cuestión esencial para la comprensión de nuestra posición y la función que como poder ejercemos en el Estado, distinta a la del Ejecutivo y el Legislativo pero a la misma altura, pues se depositan en nosotros parcelas acotadas y diferenciadas del poder Estatal.
Le aclaro que los jueces no somos un movimiento social. Somos funcionarios del estado, servidores públicos permanentes, altamente especializados y adscritos a una carrera. Ejercemos una porción de la soberanía, cuyo resguardo e independencia es comprendido en las democracias modernas, como esencial para el Estado de Derecho, pues nos corresponde resolver sobre los derechos de las personas, con decisiones que inciden en su patrimonio, su vida, su libertad y, en otra dimensión, sobre los límites del ejercicio del poder de otras autoridades públicas.
No debiera ser difícil entender entonces la significación de nuestro llamado de atención y nuestro malestar, pero con cierta perplejidad advertimos que quienes debieran estar llamados a comprender y cautelar estos principios (autoridades públicas) se extravían, debilitando cimientos esenciales del sistema democrático.
Nos hemos visto obligados -ante la desconsideración de estas y otras cuestiones- a tener que llamar la atención sobre el gravísimo error que significa el congelamiento de nuestros salarios, por esta cuestión esencial y, no como Ud. señala, por desconsideración hacia conciudadanos más humildes que reciben salarios más bajos.
Creo no equivocarme al afirmar que no hay ninguna potestad estatal soberana ejercida de manera más directa y de cara a nuestros compatriotas, pues la ejercemos sin intermediario, día a día, abrazada con vocación, por lo que postular que existe un distanciamiento de los problemas que aquejan a los más humildes -me parece- además de ser un juicio injusto, que prescinde del mínimo conocimiento que debe tenerse acerca de la relevante función pública que ejercemos en que estamos cara a cara resolviendo los conflictos de nuestros compatriotas, especialmente los más humildes.
Nuestra función exige independencia, no como un privilegio, sino como una protección para las personas, los más humildes, los poderosos, las autoridades, los parlamentarios incluidos, cuando por distintas circunstancias, tienen que recurrir a un tribunal.
Un juez independiente, con una institucionalidad que garantice esa independencia, es una garantía de la democracia. Esa independencia se garantiza de múltiples formas. Una de ellas (irreductibilidad del salario) está en los manuales de democracias que miramos como modelo.
Y el problema de los manuales es que, suponiéndose sabidos, se olvidan.
Le reitero mi llamado a poder dialogar sobre esto, pues se ha cometido un grave error, y nuestra democracia exige su corrección.
Lo saluda cordialmente,
Álvaro Flores Monardes
Presidente
Asociación Nacional de Magistrados
del Poder Judicial de Chile