– Expertos concordaron en que nuevo sistema debe asegurar independencia, transparencia, atender al mérito e incluir perspectiva de género.
– Autoridades resaltaron trabajo conjunto y amplio consenso de la iniciativa.
La necesidad de crear un órgano colegiado y descentralizado que concentre las facultades de nombrar a quienes deben integrar el escalafón primario del Poder Judicial es una de las recomendaciones plasmadas en el informe presentado ayer en dependencias del Instituto de Estudios Judiciales fruto del trabajo de la mesa interinstitucional convocada por el Ministerio de Justicia que sesionó desde octubre a diciembre pasado.
Ver informe completo en: https://bit.ly/2srQkTx
Entre los acuerdos cabe mencionar que cualquier reforma al sistema de nombramiento de jueces, con base en resguardo de la independencia de la función judicial, importa el diseñar un modelo de gobierno judicial, que separe las actuales potestades y facultades concentradas en los tribunales superiores de justicias de las jurisdiccionales.
Otras recomendaciones se refieren a la necesidad de precisar los perfiles de cada cargo, al que se accede conforme al merito definido, entre otros, por atributos, destrezas, trayectoria y conocimientos específicos acreditados por cada candidato o candidata, conforme a nociones actuales de profesionalización, así, los concursos deben orientarse a satisfacer los perfiles de cargo definidos para cada caso.
El informe recoge, a su vez, la necesidad de corregir el déficit de representación igualitaria de las mujeres en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, a través de un mecanismo que permita alcanzar la paridad, reduciendo, también, el peso de la antigüedad en el sistema de nombramientos, sustituyéndolo por el concepto de años de experiencia mínima, eliminando parte sustantiva de las barreras para el ascenso que hoy enfrentan las mujeres.
Por último, los expertos destacaron la necesidad de que dichos concursos estén descritos y consagrados en la ley y no en autoacordados, así como revisados sus principios rectores en la Constitución de manera tal que se reduzcan al máximo los espacios de discrecionalidad para una real igualdad de oportunidades de los candidatos y candidatas.
La Presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, que intervino en un panel junto a Jefe de la División Judicial del MinJus, Héctor Mery y el Subdirector del CEP, Lucas Sierra, calificó la experiencia como “histórica”, al tiempo que recordó que la participación de la ANM se dio en línea con los acuerdos de la reciente Convención de Valdivia, que “esta vez aprobó abolir la carrera judicial en los términos establecidos en el Código Orgánico de Tribunales, es decir, una estructura jerárquica y poco flexible, con sistema de nombramientos centrado en la antigüedad y no en el mérito, con ausencia de definiciones en cuanto al perfil profesional que se requiere para cada uno de los cargos”.
La actividad contó con la presencia del Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, y del Relator Especial de Naciones Unidas para Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, entre otras personas. Al titular de Justicia le correspondió introducir el resultado del trabajo, destacando la experiencia de integrar a un grupo importante de especialistas provenientes de un variado número de instituciones y los desafíos que deberá enfrentar una eventual reforma a partir de la realidad actual, comprometiendo la exclusión de la participación del ejecutivo en el mecanismo de nombramiento.
Enseguida, el relator García-Sayán compartió sus reflexiones sobre la incidencia de los diversos sistemas de carrera sobre la independencia de jueces y juezas alrededor del mundo a partir de su experiencia, resaltando la evolución registrada desde la creación de la relatoría hasta la actualización de la Carta Universal del Juez. También destacó positivamente la experiencia única en Latinoamérica del trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el gremio de los jueces.
La exposición del informe propiamente tal en tanto estuvo a cargo del abogado Juan Pablo Olmedo, Jefe de la Unidad de Coordinación y Estudios del Ministerio de Justicia.
Funcionamiento
La mesa de trabajo fue convocada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y estuvo conformada por: Jaime Arellano (Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA), Lucas Sierra (Centro de Estudios Públicos, CEP), Natalia González (Libertad y Desarrollo), José Miguel Aldunate (Observatorio Judicial), Carmen Domínguez (Colegio de Abogados), Cecilia Rosales (Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile), Felipe Opazo (Facultad de Derecho, Universidad de Chile), Francisco Zúñiga (Instituto Igualdad), Soledad Piñeiro y Mauricio Olave (Asociación Nacional de Magistrados). Las funciones de secretaría ejecutiva las ejercieron, conjuntamente, la Unidad de Coordinación y Estudios y la División Judicial, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sesionó en ocho oportunidades sobre la base de temáticas previamente distribuidas, lo que fue seguido de un debate motivado por la intervención de uno de sus integrantes.