por Andrés López y María José Núñez | La Tercera | 20.06.201
El juez Alvaro Flores conoce de cerca todo el proceso de la reforma laboral, dado que está a cargo del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago. Pero también sabe de las implicancias que traerá en el Poder Judicial la decisión del gobierno de optar por el veto presidencial y la posible judicialización que acarrea esa opción a raíz de que en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile desde hace un mes, le advirtió al Ejecutivo el aumento de carga laboral que generará en tribunales.
Con el inicio de la tramitación del veto se desechó la opción de una reforma constitucional para asegurar la preeminencia de los sindicatos en la negociación colectiva, luego de que el Tribunal Constitucional rechazó la norma que establecía la imposibilidad de la existencia de grupos negociadores en empresas que tuvieran sindicatos.
Esto, según Flores, va a generar que las disputas sobre la titularidad de la negociación llegue a tribunales. “Quiero precisar que como asociación sí hemos tenido algunos acercamientos al tema, porque advertimos que se trata de una reforma que va a generar impacto en la cantidad de juicios, en el ámbito del derecho colectivo. Efectivamente, aún con las cuestiones que el Tribunal Constitucional eliminó, hay varias competencias que son nuevas, entonces esta reforma le suma más juicios a los actuales juzgados del trabajo”, indicó el dirigente.
Agregó que se están reuniendo con las autoridades del Ejecutivo desde hace un mes y que las razones por las que empleadores y trabajadores podrían recurrir judicialmente es porque “hay un concepto legal de huelga, seguramente cuestiones vinculadas a reemplazo, al retiro de reemplazantes. Estos temas serán llevados a los tribunales. Le pedimos al Ministerio de Justicia que cuantificara e hiciera algún estudio (sobre el impacto), entiendo que el Ministerio del Trabajo también está haciendo algunos análisis para identificar si hay necesidad de sumar más jueces (…) Incluso ellos han consultado al departamento de estudios de la Corte Suprema, para recabar cifras. La estimación es una cuestión técnica que tendrá que hacerse con alguna proyección, algún tipo de criterio”.
Finalmente, hizo un análisis crítico a la iniciativa legal. “Creo que el fracaso de algunos aspectos de la reforma se mide por la mayor cantidad de juicios que le entrega al sistema. Es decir, cuando una legislación apunta a que los actores del mundo laboral se entiendan en el ámbito de la autonomía colectiva, sindicato y empleador, y el resultado es que va haber más juicios, es porque algo anduvo mal”, dijo.
Posturas
Sobre este escenario, el diputado Marcelo Schilling (PS) señaló que al quedar abierto el punto de quién debe representar a los trabajadores en la negociación “habrá disputas entre ellos mismos y con los empleadores. Es efectivo ese problema de excesiva judicialización. Pero en general, los tribunales han tendido a favorecer a los empleados , por tanto, podría ser beneficioso para ellos”.
Para su par de la DC, Patricio Vallespín, un posible colapso de los juzgados es algo “exagerado”, aunque cree que los casos aumentarán. “Si ya se transforma en una cosa imposible de sostener tendremos que revisar la legislación”, dijo.
El diputado UDI, Patricio Melero, manifestó que “la judicialización es un riesgo evidente. El gobierno debiera introducir los cambios a la reforma laboral para dar más certezas y menos riesgo de judicializar el Código del Trabajo”.