Titular del 4° Juzgado de Familia de Santiago intervino en el conversatorio “Roles en el sistema de justicia para la infancia y adolescencia”.
“Una mirada que prioriza los temas de gestión por sobre los aspectos proteccionales debilita el acceso y calidad de la justicia. Si hay niños que están siendo ingresados a residencias sin audiencias, algo muy grave está pasando”, expresó el pasado miércoles el Juez de Familia Pedro Maldonado al intervenir en un seminario organizado por Plataforma por la Democracia en la Justicia, con colaboración de las fundaciones Pro Bono y Colunga, respectivamente.
El Magistrado, miembro de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados, dijo que ˝Las metas de gestión con plazos perentorios para la resolución de los asuntos vinculados a la protección de los derechos de los niños o en temas de violencia intrafamiliar, muchas veces produce un resultado que es nefasto”.
Su intervención tuvo lugar en el panel “Rol de los jueces en la crisis del SENAME”, que también contó con Gonzalo Berríos, ex Jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la DPP y Alicia del Basto, Presidenta Asociación Nacional de Funcionarios de SENAME.
El magistrado señaló que los hechos acontecidos en el último tiempo en SENAME han revelado una profunda crisis de derechos de la infancia y llamó la atención sobre la imperiosa necesidad de instaurar una defensa jurídica especializada de niños, niñas y adolescentes en el ámbito proteccional.
Según explicó, la figura del Defensor del Niño que actualmente se discute en sede legislativa, no contempla esta dimensión, que resulta fundamental para responder adecuadamente a las necesidades de quienes sufren más vulneraciones. “Se requiere un interviniente técnico, que defienda los intereses de niños y niñas en que se discuten aspectos tan sensibles como si permanecen o no con sus familias. Eso actualmente no existe y no es tema en ninguno de los programas de los candidatos presidenciables”, indicó.
Maldonado se refirió también al trabajo desarrollado por la Asociación Nacional de Magistrados al conformar una comisión técnica de jueces de familia de todo Chile con el objeto de generar un diagnóstico sobre el estado del sistema de protección a la infancia y proponer medidas concretas para fortalecer el rol de la judicatura, las que fueron aprobadas en Convención Nacional y en octubre pasado se entregaron formalmente a la Corte Suprema, entre las cuales destacó la petición de eliminación inmediata del Centro de Medidas Cautelares.
En esta dirección, el juez mencionó que una de las graves deficiencias del sistema se relaciona con la incorporación de criterios de gestión en causas penales y de familia que por su naturaleza requieren una mirada preponderante en protección de derechos de la infancia.