Mientras el Congreso continúa tramitando el proyecto de agenda corta antidelincuencia —esta tarde se votará la medida de control de identidad preventivo—, la iniciativa sigue sumando críticas.
por Alexis Sánches, La Segunda
Esta vez es el vicepresidente de la Asociación de Magistrados de Chile, Alejandro Huberman, quien advierte que la promulgación de esta ley generará “un aumento sustantivo de la población penal ya existente”.
Ello, dice, porque “se imputarán personas por delitos como receptaciones, con penas de cárcel similares a las que se aplican en robos con violencia, que provocan un daño psicológico contra las víctimas y justifican una detención prolongada. Si se quiere bajar la delincuencia aumentando las penas, solo lograremos colapsar aún más el sistema carcelario”.
Para el juez, la agenda “es ineficiente y efectista, ya que no logrará un efecto importante a largo plazo. Esta medida es más bien para dejar a la opinión pública contenta”.
Advierte que, de aprobarse tal como está, “vamos a ver juicios sobre receptación, que en general son delitos menores, donde las personas queden detenidas con penas mayores que otras que realicen delitos de mayor gravedad, como un abuso sexual. Va a ser demasiado desproporcionado. Por eso es que no se pueden hacer modificaciones de penas a delitos específicos, eso es un descalabro”.
—Se plantea que las policías puedan tomar pruebas y allanar sin autorización de un fiscal, ¿qué opina?
—El sistema de que las policías necesiten las autorizaciones de los fiscales para este tipo de acciones, responde a un control que me parece necesario. Su modificación es una medida peligrosa, porque el fiscal pierde ese control. Si el Código Procesal Penal establece que hay situaciones en las que es necesaria una autorización de los fiscales o de un juez, es justamente con el objeto de que el procedimiento se realice de la manera correcta.
—¿Esto podría afectar las investigaciones?
—En muchas ocasiones las policías al realizar procedimientos en forma autónoma, se extralimitan en sus funciones y eso acarrea que se declaren ilegales algunas pruebas e incluso se llegue a absoluciones de algunos juicios porque se realizaron mal los procedimientos. Un error al inicio de la investigación puede contaminar todo el proceso restante y terminar en sentencias absolutorias por estos errores.
