Resoluciones de magistrados del 13° Juzgado de garantía de Santiago se dieron en el contexto de dos querellas del INDH.
Dos inéditas resoluciones fueron dictadas este mediodía por la jueza Valeria Vega y el juez Eduardo Gallardo, ambos del 13° Juzgado de garantía de Santiago- a favor de tres adultos y un adolescente, respectivamente, objeto de graves violaciones a sus derechos humanos por parte de funcionarios de la 43ª Comisaría de Carabineros de Peñalolén, a quienes se prohibió acercarse a las víctimas en aplicación, entre otras disposiciones, de lo contemplado en el artículo 13° de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Según explicó el magistrado Gallardo, “si bien se trata de casos similares, el del adolescente K.A.L.G. es especialmente grave pues se trata de un muchacho de sólo 14 años”.
El artículo 13° de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que “Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes”. La misma norma prescribe que “Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado”, las que tanto Vega como Gallardo estimaron ineludible aplicar conforme con el artículo 5° de la Constitución chilena.
En ambos casos, los jueces resolvieron que “los hechos denunciados en la querella son de especial gravedad, los cuales podrían constituir graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por agentes del Estado […] (y) que esa sola circunstancia conlleva que las presuntas víctimas se encuentran en especial situación de vulnerabilidad frente a sus eventuales agresores, lo cual justifica, en este caso, que la jurisdicción cautelar intensifique su mandato internacional, constitucional y legal de tutelar los derechos fundamentales”.
Consultados acerca del cumplimiento de las medidas, indicaron que para hacerla efectivas, junto con comunicarlas a la propia unidad y a la Prefectura Oriente de Carabineros, se pidió al Ministerio Público adoptar todos los medios adicionales necesarios para asegurar que se cumpla lo resuelto, además del monitoreo que efectuará el propio INDH.
23 de octubre de 2019.-