Ayer el Poder Judicial comunicó a través de Twitter una noticia sobre una resolución judicial dictada por una Jueza de Garantía en los siguientes términos “J.G. San Bernardo ordena prisión preventiva para Gustavo y Raúl Aravena por homicidio simple de persona acusada de intentar robo de vehículo”, lo que generó diversas reacciones en la referida red social, entre las cuales, una de cuales derivó en que airadamente y en virtud de la transparencia, se solicitara el nombre de la Jueza que dictó la resolución con el fin de “enviar una carta de desprecio”, a lo que el Poder Judicial contestó de inmediato informándolo.
Ante estos hechos, la Asociación Nacional de Magistrados hace público su más enérgico rechazo al actuar de la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema.
Si bien reconocemos el derecho de toda persona a la información en virtud de la transparencia (ley 20.285), tales solicitudes deben plantearse por los canales regulares, como el propio Máximo Tribunal ha dispuesto en el portal de transparencia del Poder Judicial, donde incluso existen formularios para ello en los que el solicitante debe individualizarse.
Son tolerables exigencias sociales hacia el ejercicio del periodismo, pero no puede justificarse la entrega de información sensible a personas sin identidad y en el más completo anonimato en medios masivos que lo permiten, donde la respuesta no sólo llega al interlocutor, sino a miles de personas, también anónimas.
Aceptamos que nuestros nombres sean conocidos, pero un criterio mínimo impone al Poder Judicial la misma exigencia de quienes demandan tal transparencia.
Por último, hacemos presente además que tanto en twitter como en la página del Poder Judicial, no se hace alusión alguna a la circunstancia de tratarse de una resolución que se encuentra sujeta a revisión por medio de los recursos legales pertinentes –vía legal y democrática- de la que disponen los eventuales agraviados.
Actuares destemplados como el aludido, no sólo no miden las consecuencias respecto de la seguridad personal de los jueces, sino que afecta también directamente la independencia de su labor jurisdiccional al exponerlos especialmente en casos de alta connotación pública.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DE CHILE