La Asociación Nacional de Magistrados reitera su preocupación por los graves hechos de corrupción que involucran el funcionamiento del sistema de justicia en la jurisdicción de la Región de O´Higgins. Confiamos en que las investigaciones en curso, que se llevan en sede administrativa y penal, permitan aclararlos a la brevedad y que, llegado el momento de establecer responsabilidades, se apliquen las sanciones que pudieran corresponder, con el máximo rigor. Asimismo, manifestamos un enérgico rechazo a toda conducta que se aparte de la probidad, honestidad y la ley, especialmente en el ejercicio de la función judicial.
Advertimos que estos hechos causan daño en la confianza hacia nuestro sistema de justicia, lo que debe preocuparnos a todos ya que el Poder Judicial no pertenece a sus integrantes, sino a todos los ciudadanos del país. La justicia está al servicio de cada persona que concurre a resolver sus conflictos ante un tribunal imparcial.
La confianza fracturada vuelve imprescindible determinar responsabilidades individuales, pero también centrarnos en los temas de fondo que tienen que ver con la estructura y transparencia con que operan los mecanismos no solo de nombramientos, sino también de responsabilidad y gobierno judicial. Como Asociación, hemos venido impulsando, desde hace varios años, trabajos de análisis, diagnóstico y propuestas para reestructurar la orgánica deficitaria que persiste en la estructura del Poder Judicial.
Para enfrentar esta crisis, no es suficiente limitar el enfoque a una respuesta centrada en la conducta individual de los integrantes de la judicatura, porque, tal como hemos venido sosteniendo en el marco de un proceso continuo de reflexión y propuesta gremial, es indispensable avanzar hacia transformaciones profundas en la estructura y gobierno del Poder Judicial que permitan acabar decididamente con los espacios de discrecionalidad, búsqueda de apoyos, injerencias indebidas y tráfico de influencias que en el actual diseño institucional pueden permear el sistema de nombramientos de jueces y juezas. Tenemos que cerrar la puerta al ejercicio de presiones indebidas y poner luz donde actualmente hay opacidad y sospechas.
En cualquier diseño moderno de gobierno judicial, la Corte Suprema no puede ser juez y parte interesada, como hasta ahora, imponiendo directrices administrativas que afectan la esfera de la independencia judicial interna. Por eso sostenemos la necesidad de la urgente creación de un órgano independiente a la Corte Suprema que se dedique a nombramientos y sistema de responsabilidad administrativa.
Hemos afirmado que no es sano que los tribunales superiores concentren las decisiones jurisdiccionales al tiempo que ejercen potestades administrativas y de responsabilidad, fuente que lesiona la independencia de jueces y juezas, valor fundamental para el correcto funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho.
Llamamos a las autoridades democráticas, legislativas y de gobierno, a asumir el liderazgo que les corresponde en esta indispensable revisión y modificación orgánica del Poder Judicial. La modernización que requiere es de fondo, no solo tecnológica, y debe producirse en el marco democrático establecido en la Constitución.
Llamamos a la ciudadanía a confiar en las juezas y jueces que a diario aplican el derecho de forma objetiva e imparcial.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE CHILE