Ante la gravísima situación de violencia y posterior incendio del inmueble sede del Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua ocurrida ayer, la Asociación Nacional de Magistrados de Chile emite la siguiente declaración pública:

Repudiamos enérgicamente el hecho y solidarizamos con el magistrado Sr. Bernardo Toro y el secretario Sr. Jacobo Hey, así como con todos quienes se vieron expuestos al peligro generado por la acción de quienes irrumpieron en el recinto.

Este no es un hecho aislado. Las condiciones de inseguridad en los tribunales de garantía, orales en lo penal, de familia y otros han sido reiteradamente denunciadas por los jueces y las medidas adoptadas para neutralizarlas son y siguen siendo insuficientes para una protección eficaz de todos quienes intervienen en el contexto en que se realizan dichas jurisdicciones.

Una vez más demandamos la revisión crítica de la infraestructura disponible, de los procedimientos de seguridad, el reforzamiento urgente de las medidas y la provisión adecuada -en número y competencias idóneas- del personal de Gendarmería en todos los tribunales con competencia penal y otros que pudieren presentar similares situaciones en el país.

Afirmamos que las medidas de seguridad, los planes y procedimientos de prevención y contingencia deben ser revisados y reelaborados con participación activa de los jueces, trabajadores del servicio judicial e intervinientes en el ámbito del proceso penal. La ANM ha participado en mesas interinstitucionales sobre la materia para dar cuenta de los déficit de seguridad en que diariamente los jueces ejercen sus funciones, tornándose urgentes las mejoras propuestas en su oportunidad.

Reafirmamos nuestro compromiso con todos los jueces del país y con la seguridad para el ejercicio de la función judicial y hacemos un llamado a la autoridad competente a atender este problema, en el entendido de que las medidas de seguridad, planes y procedimientos de prevención y contingencia deben extenderse a todos los tribunales que atienden conflictos que, por su naturaleza, puedan trasladar al escenario del proceso, un potencial de violencia y desembocar en episodios que justifiquen medidas preventivas y represivas a cargo de personal especializado.

Santiago, 30 de enero de 2019.-