Con motivo de la difusión del informe del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, relativo a la investigación desarrollada desde el año 2016 en torno a las condiciones de niños, niñas y adolescentes (NNA) privados de su entorno familiar y bajo supervisión directa de SENAME, la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), previo informe de su Comisión especializada de Infancia, estima necesario expresar lo siguiente:
1. La investigación ha concluido que existe un conjunto de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de los NNA institucionalizados bajo dependencia directa de SENAME. Tal constatación es especialmente grave, puesto que coloca a nuestro país en el límite de eventuales condenas a través de la instancia jurisdiccional que contempla nuestro sistema interamericano, al tiempo que nos obliga como país a adoptar de inmediato las recomendaciones que nos hace el mismo informe.
2. En este escenario, esta asociación cree necesario remarcar una serie de acciones, denuncias y requerimientos a las autoridades que desde hace tiempo viene efectuando, y cuyo punto cúlmine fueron los acuerdos adoptados en su última Convención de Coyhaique en el año 2017, precedida de la conformación de su Comisión Especializada de Infancia.
3. Es indispensable recordar además, que fruto del trabajo de un conjunto de juezas de familia, hacia 2013, se dio la primera alerta sobre esta grave vulneración sistemática de derechos de NNA bajo custodia del Estado, por medio de un informe (Informe Jeldres) que ha sido validado como fuente relevante de información por la Comisión ONU, la que realizó in situ los mismos hallazgos. Hemos levantando nuestra voz ante la decisión adoptada en su oportunidad por la autoridad judicial, en orden a no develar los resultados de ese primer informe.
4. Por acuerdos precedidos de un amplio debate y participación de jueces especializados de familia la ANM -que ciertamente no soslayó la crítica a aspectos cuestionables en nuestras propias prácticas en el ejercicio de la función- hemos concordado en la imperiosa necesidad que a la máxima brevedad :
a) Se materialicen los cambios legislativos destinados a sustituir la actual institucionalidad de infancia obsoleta por una normativa integral de protección basada en una perspectiva de derechos humanos.
b) Se disponga por la Corte Suprema el cierre del denominado Centro de Medidas Cautelares de Santiago (CMC), cuyo accionar precisamente padece de los defectos que se imputan a nuestro Estado, como la falta de fundamentación de medidas de protección, causales de ingreso basados en el factor pobreza, la mantención de criterios anacrónicos como la visión tutelar que ve al niño como mero objeto de protección, priorización de la internación por sobre otras medidas de cuidado alternativo y preferencia de la familia.
c) Se restituya la competencia de protección a los jueces y juezas de familia que hoy no la ejercen, por efecto de la alteración de competencias generadas por la creación del CMC.
5. Exhortamos nuevamente a la Excma. Corte Suprema a poner término a su injerencia en asuntos proteccionales de competencia exclusiva y excluyente de los jueces especializados designados por ley, a abstenerse de adoptar medidas basadas en mera gestión estadística, que subordinan la realización de la esencial finalidad cautelar y las particularidades de cada caso a meros criterios de gestión administrativa.
Esta vez es la comunidad internacional la que nos exige superar las deficiencias estructurales y poner en el centro de la protección a los derechos humanos de NNA. Se trata de un señalamiento vergonzoso para un Estado democrático, y un desafío para reformar radicalmente una institucionalidad obsoleta y lacerante.
Esta Asociación de Magistrados considera que es un imperativo moral actuar con celeridad, máxima colaboración y responsabilidad para superar este grave estado de cosas. Por ello, ponemos nuestros esfuerzos al servicio de todos quienes se apliquen en esta tarea y se dispongan a generar una nueva institucionalidad de protección para niños, niñas y adolescentes.