Los niños, niñas y adolescentes en Chile son actualmente el colectivo más vulnerable al maltrato y abandono, no solo desde sus familias, sino además, desde aquellas instituciones que por mandato legal deben velar por la protección y ejercicio de sus derechos fundamentales.
Este panorama dibuja un nuevo marco de protección integral y garantía de derechos de la infancia en nuestro país, el que presenta desafíos que precisan de cambios tanto en la manera de pensar como de actuar. Un primer asunto es si la sociedad Chilena y sus representantes políticos consideran aceptable que niños y niñas en riesgo social y víctima de delitos, maltrato, abandono y negligencia sean parte del escenario social de Chile en el siglo XXI.
El trágico hecho acaecido recientemente, en donde una niña de 11 años falleció en un recinto dependiente del Servicio Nacional de Menores; no sólo golpea, sino que muestra el pobre desempeño del Estado en su obligación de protección y resguardo de derechos de la infancia, inercia que ha permanecido por décadas, transitando por épocas de crecimiento económico y crisis, así como por gobiernos de diversa orientación política.
Las Juezas y Jueces asociados/as a la Asociación Nacional de Magistrados hacemos un llamado a modificar esta situación, convencidos de que la inversión en políticas preventivas resulta más eficaz y eficiente que la inversión en políticas paliativas, que no hacen más que volver crónico el problema.
Las diversas reacciones, principalmente desde la ciudadanía, frente a la situación de desamparo de la infancia, como la carencia de mecanismos de protección y garantía eficaz de sus derechos, sitúan este problema en una posición preponderante en la agenda nacional, la que debe resultar prioritaria en pos del ejercicio de los derechos consagrados internacionalmente en favor de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Comisión de Derechos Humanos y Género
Asociación Nacional de Magistrados