A partir de las 18 horas de mañana jueves -hora chilena- la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) revisará el caso del Juez Daniel Urrutia contra el Estado de Chile, originado en una denuncia por violación de derechos en el contexto de una sanción disciplinaria de la que fue objeto tras presentar un trabajo académico que criticó la actuación del Poder Judicial en dictadura y que la Corte Suprema estimó que contenía apreciaciones “inadecuadas e inaceptables”.
El caso es seguido con atención por la comunidad jurídica, pues según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe de fondo incorporado en la etapa previa al juicio, se establece que el Estado, a través del Poder judicial chileno, habría violado los derechos del juez a conocer previa y detalladamente la acusación formulada; a contar con el tiempo y medios adecuados para su defensa; a ser juzgado por un tribunal imparcial y a recibir protección judicial.
La Comisión también alega que el proceso al que fue sometido el juez Urrutia se caracterizó por una excesiva amplitud de la causal disciplinaria aplicada, de suerte que la autoridad habría contado con una excesiv margen de discrecionalidad para calificar que la conducta reprochada constituía realmente un “ataque” en los términos del Código Orgánico de Tribunales.
Finalmente, la Comisión señaló que la sanción impuesta al juez Urrutia habría violado el derecho a la libertad depensamiento y expresión tras imponerle una sanción arbitraria al ejercicio de ésta.
En concreto, se pide 1) Dejar sin efecto la sanción impuesta al juez Urrutia, incluida la eliminación de antecedentes en su hoja de vida; 2) Reparar “integralmente” las consecuencias de las violaciones declaradas previamente y 3) Disponer medidas de no repetición, incluyendo la adecuación de la normativa interna para eliminar del ordenamiento jurídico la causal del caso y asegurar, en definitiva, un procedimiento disciplinario con estándares adecuados de debido proceso.
El caso ha concitado el interés y apoyo de la Asociación de Magistrados por coincidir con sus históricas aspiraciones de lograr la separación de todas aquellas facultades distintas del ejercicio de la función jurisdiccional hoy concentradas en los tribunales superiores, que el gremio estima favorecen los atentados hacia la independencia interna de jueces y juezas, y en especial, las carencias y deficiencias del sistema de responsabilidad.
En la audiencia de mañana se resolverá sobre las excepciones preliminares, eventuales de fondo, reparaciones y costas; oirán alegatos y observaciones finales orales, así como la declaración del afectado, testigos y peritos allegados al litigio, tanto por el Estado de Chile y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).