La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó ayer que presentó ante esa Corte el caso del juez chileno Daniel Urrutia Labreaux, signado con el rol 12.955, por estimar que el Estado de Chile -entre otras infracciones- violó los derechos a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa en el contexto de una investigación y posterior sanción disciplinaria de la que fue objeto en 2005.
El caso fue seguido con especial interés por la Asociación de Magistrados, que ha criticado y promovido durante más de una década una reforma al sistema de responsabilidad de los jueces por estimar que el actual procedimiento disciplinario contenido en sucesivos autos acordados no cumple con estándares mínimos de debido proceso, lo que ha llevado al gremio a patrocinar incluso requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional chileno y a dar amparo gremial a sus asociados ante las Cortes, entre otras acciones.
La Presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, dijo que “los fundamentos con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó a la Corte la causa impetrada por el asociado Daniel Urrutia confirman los postulados de la ANM, que ha promovido una modificación sustancial al sistema de responsabilidad de los jueces y juezas por sus conductas ministeriales. La presentación advierte la transgresión al principio de legalidad, al establecerse en la normativa conductas excesivamente amplias que dejan un amplio margen de discrecionalidad al ente sancionador”.
Para la dirigenta, lo anterior supone la ausencia de un debido proceso, que incluye la imposibilidad de una adecuada defensa y la falta de una autoridad imparcial que resuelva el caso y otra que conozca de los respectivos recursos.
Finalmente, Piñeiro señaló que se trata de un escenario auspicioso que “nos refuerza el compromiso por obtener las modificaciones legales necesarias avanzando hacia un transparente, objetivo y proporcionado sistema de responsabilidad de jueces y juezas, que respete precisamente el principio de legalidad y el debido proceso, así como la imparcialidad de quien conoce y resuelve”.