Pasado el mediodía de ayer concluyó la 60a. Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) celebrada en Santiago de Chile entre el sábado 11 y el jueves 16 de noviembre. Durante el encuentro, que agrupa a 85 asociaciones de jueces de todo el mundo, se concordó la aprobación una nueva versión de la Carta Universal del Juez, documento que fue suscrito por los presidentes de los cuatro grupos regionales del organismo, el Presidente de la UIM, Cristophe Reignard y su Secretario General, Giacomo Oberto. El texto consolida el principio de independencia del juez como garantía para los ciudadanos al promover la separación de lo jurisdiccional del ejercicio de las facultades de “gobierno judicial”. Consta de nueve artículos en que se aborda también el reclutamiento y formación de los jueces; su nombramiento, promoción y evaluación; la ética y disciplina; su remuneración, protección social y retiro y, por último, aplicabilidad de la carta.
Asimismo fueron adoptadas sendas declaraciones sobre Turquía y Bulgaria en relación con los sucesos políticos que han derivado en una grave afectación de la independencia de los jueces de dichos países.
El domingo 12 en tanto el Grupo Iberoamericano de la UIM -integrado por los países de Latinoamérica además de España y Portugal, exceptuando a Bolivia y Venezuela- recibió a los 6 Magistrados del Tribunal Supremo de este último país, quienes relataron la compleja situación que derivó finalmente en su salida y posterior asilo en Chile.
Seminario internacional y desafíos para la independencia judicial
El miércoles se desarrolló el seminario internacional “Gobierno Judicial e Independencia de los Jueces”, organizado por la Unión Internacional de Magistrados (UIM), el Instituto de Estudios Judiciales y la Asociación Nacional de Magistrados, en el que participaron más de 250 asistentes. La jornada constó de dos paneles “Gobierno del Poder Judicial en América Latina. Consejos de Justicia ¿una posible respuesta?” y “Autonomía en los países de Derecho Civil y Derecho Común: Estudios y resultados. Mejores prácticas de construcción”.
En la intervención inaugural, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García-Sayán Larrabure, llamó a continuar defendiendo la independencia judicial de los países del continente ante la injerencia del poder político, económico y mediático. Agregó que el crimen organizado puede representar una nueva amenaza al sistema judicial, ya sea por la vía corrupción, la coacción o la amenaza a jueces y fiscales. “Se trata de asegurar una justicia independiente y que esté cerca de las necesidades de la gente”, declaró.
Si bien reconoció que no existe un modelo de gobierno judicial que se encuentre establecido como estándar de los organismos internacionales, pueden identificarse al menos cinco condiciones claves: procesos de selección y ascensos transparentes; libertad de expresión y asociación de jueces y juezas; capacitación y especialización permanentes; recursos presupuestarios adecuados; condiciones de trabajo, carrera y permanencia en el cargo. Por último, adelantó que el foco del trabajo de relatoría de la ONU durante 2018 estará orientada a reforzar independencia judicial y detectar los elementos que dentro de una estructura de gobierno cercenan una función que debe concebirse al servicio de la democracia y derechos humanos.
Intervención del Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados
En su intervención durante el primer panel “Gobierno del Poder Judicial en América Latina. Consejos de Justicia ¿una posible respuesta?”, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, juez Álvaro Flores, sostuvo que la independencia del juzgador es una garantía esencial para que las personas puedan gozar de sus derechos individuales y sociales, pero advirtió que el sistema chileno es un modelo de autogobierno que no se condice con los principales modelos modernos de organización de la magistratura. Argumentó que en el último tiempo la potestad disciplinaria ha invadido la potestad legal, afectando el principio de separación de poderes, que ha significado la intromisión mediante autoacordados emanados de la propia Excma. Corte Suprema en asuntos propios del juzgador. “La función judicial sin independencia es apenas un espejismo”, indicó.