Señor Director:
En las democracias más avanzadas, la remuneración de los jueces está situada al margen de los vaivenes de la política contingente y garantizada en su irreductibilidad a nivel constitucional.
La razón es simple, pues se trata de una garantía de independencia de la función jurisdiccional respecto de otros poderes del Estado, que impide subordinar a quienes están llamados a garantizar la vigencia de los derechos de las personas a la voluntad de las autoridades políticas, sometidas estas mismas al control jurisdiccional.
Constatamos, lamentablemente, que se trata de un asunto que no logran comprender ni el Ejecutivo ni el Congreso, cuando en el contexto del reajuste de las remuneraciones del sector público, perseveran en el “congelamiento” de los salarios de jueces, lo que significa, en términos reales, una reducción por segundo año consecutivo y una amenaza real a la garantía de independencia de la función judicial.
Ciertamente, no nos oponemos a que a propósito de este reajuste se haga una política redistributiva en favor de los salarios más bajos del Estado, pero rechazamos que, desde una política amenazante y poco reflexiva, se afecte una garantía relevante, debiendo proveer el Estado de los recursos suficientes para alcanzar uno y otro fin.
Los jueces no somos una burocracia más y demandamos del Estado, a lo menos, la mantención del poder adquisitivo de la retribución que recibimos por la relevante función pública que pesa sobre nuestros hombros, al tiempo que esperamos que la República disponga pronto de una norma sensata que garantice la irreductibilidad de esa retribución, al margen de la contingencia y ajena a voluntades distraídas respecto de las consecuencias lesivas para valores relevantes de la democracia que pueden acarrear sus decisiones.
Alvaro Flores Monardes
Presidente de la Asociación de Magistrados