La necesidad de que la Corte Suprema promueva una solución definitiva al problema de la reajustabilidad de las remuneraciones del Escalafón Primario del Poder Judicial -al que pertenecen todos los jueces, incluido el Máximo Tribunal- planteó hoy la Asociación de Magistrados en una audiencia ante el Pleno de ministros a la que fue convocada. Su Presidente, Álvaro Flores, expresó su preocupación y descontento ante las sucesivas exclusiones de que han sido objeto los jueces en materia de ajustes por alza en el costo de la vida y pidió que se promueva la irreductibilidad salarial como garantía constitucional que asegure la independencia de quienes están llamados a ejercer la función jurisdiccional.
“Se ha producido un daño remuneracional por la política de congelamiento de salarios de los jueces (no aplicación de reajuste, ni siquiera ipc) y se corre el riesgo de una política regresiva”, advirtió Flores, quien también expresó su preocupación por el proyecto de ley de boletín 11.160-05 que establece un mecanismo para la fijación de las remuneraciones de las “altas autoridades del Estado” y que en su texto incorpora sólo a los Ministros de la Excma. Corte Suprema y su Fiscal, a quienes compensaría las exclusiones por medio de un bono.
El dirigente, acompañado del Director Mauricio Olave, señaló que la posición del gremio apunta a que “debe ser un compromiso fundamental de todo Estado hacia sus habitantes el reservar fondos para el buen funcionamiento de los órganos judiciales – bajo criterios de imparcialidad e independencia- más allá de los ciclos económicos y las opciones programáticas de cada gobierno. Los jueces, en tanto garantes del Estado de Derecho no pueden estar sometidos a los vaivenes políticos de la contingencia”.
Durante su exposición, inédita hasta ahora, junto con resaltar la necesidad de que la exclusión se reitere y que se arribe a una solución definitiva que asegure la intangibilidad de las remuneraciones de la Judicatura, incluyó un recorrido por la experiencia comparada en la materia, destacando que el Estatuto del Juez Iberoamericano, emanado de la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia -incluido Chile- establece en su artículo 32 que “los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva”.