El representante chileno, juez Mauricio Olave, relató las acciones promovidas por el gremio desde que comenzó el estallido.
Un acabado informe expuso ayer en Quito el juez chileno Mauricio Olave -Director de la Asociación Nacional de Magistrados- en una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) para abordar la crisis que el país vive desde hace casi un mes.
El dirigente concurrió a la capital ecuatoriana junto a representantes de diversas organizaciones y entes de la sociedad civil, entre los que se contó al Colegio de Abogados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, la Asociación de Abogadas Feministas, la Defensoría de la Niñez y Amnistía Internacional, quienes describieron ante la comisión la grave situación por la que Chile atraviesa en el contexto de las violaciones a los derechos humanos de las que hay registro hasta ahora.
En su informe, el juez partió explicando a la Comisión el marco estatutario de la ANM que motivó el despliegue y asistencia del gremio a la jornada de ayer, destacando entre los objetivos principales de la organización el respeto y protección de los Derechos Fundamentales de todas las personas.
Entre las acciones que el dirigente detalló, explicó las reuniones que permitieron el intercambio de información y coordinación con distintos actores durante el estado de emergencia con el fin de cautelar los derechos de los detenidos en las condiciones excepcionales de control del orden público y alto número de detenciones que en general se duplicaron y hasta triplicaron respecto de su número habitual.
Asimismo hizo mención a una declaración pública emitida durante la misma contingencia en la que se efectuó un llamado a las fuerzas de orden a respetar los derechos fundamentales y propender a un uso racional de la fuerza conforme la normativa internacional vigente, como también el traslado de jueces y juezas de garantía y familia hasta distintos recintos policiales a lo largo del país con el mismo propósito señalado en el párrafo anterior.
Finalmente, en lo relativo a la situación de la infancia en nuestro país, recordó la entrega al Presidente de la República de un petitorio con un conjunto de medidas urgentes para implementar.
Al término de su intervención, el magistrado dijo que “creo que lo aquí expuesto marca un antes y un después respecto de la manera en que los jueces y juezas chilenos estamos enfrentando la crisis, que deja atrás la pasividad con la que reaccionó el Poder Judicial durante la dictadura”.