Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados solicitó a comienzos de octubre al Máximo Tribunal que reconozca también a la ANM como interlocutora y representante legítima de la Judicatura chilena.
La Asociación de Magistrados comunicó hoy en una presentación realizada al Pleno de la Corte Suprema una resolución del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) en la que la que el ente asociativo llama al Máximo Tribunal chileno a cesar en la regulación de materias que se estiman como de dominio legal y a reconocer a la ANM como interlocutora y representante legítima de la Magistratura local acorde con la legislación vigente.
En el acuerdo, adoptado durante la reunión anual realizada en Barcelona del 4 al 8 de octubre pasado y que fluyó de una moción de los delegados nacionales Alejandro Vera, José Delgado y Alejandro Huberman, presentes en la asamblea, el Grupo Iberoamericano solicita al Pleno de la Corte Suprema de Chileque “evite abordar a través de Actas o Auto acordados, materias propias de ley y que en definitiva, afectan la carrera judicial, el régimen disciplinario, nombramientos, ascensos y calificaciones…
…El grupo IBA solicita además a la Corte Suprema de Justicia que reconozca a la Asociación Nacional de Magistrados de Chile como interlocutora institucional y representante legítima de los jueces para intervenir en todos los procesos de modernización y gestión del Poder Judicial”, señala la declaración firmada por el Presidente del Grupo Iberoamericano y Vicepresidente de la Unión Internacional de Magistrados, Juez Rafael de Menezes.
La UIM, de la que Chile es parte a través de su Grupo Iberoamericano, fue fundada en 1953 con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial a fin de asegurar la independencia judicial como barrera a los totalitarismos que llevaron al estallido de dicha conflagración global y contribuir a la preservación del Estado de Derecho y los DD.HH. desde la Judicatura de sus países miembros. Actualmente tiene estatus consultivo ante las Naciones Unidas (Oficina Internacional del Trabajo y Consejo Económico y Social) y ante el Consejo de Europa.
La organización se rige por un Comité de la Presidencia (formado por un Presidente y 6 vicepresidentes, además de un Secretario General y tres Secretarios Adjuntos), cuyo mandato dura dos años. La sede central del organismo se encuentra en Roma.