Tal como se adelantara a fines de mayo, la Asociación Nacional de Magistrados puso ayer en conocimiento del Tribunal Pleno de la Corte Suprema una resolución recaída en amparo gremial (A7-2016) deducido por un asociado al que se aplicó una sanción disciplinaria por la Corte de San Miguel, que -en decisión dividida- acogió una queja disciplinaria de un defensor penal, al que se había declarado abandonada la defensa por un tribunal oral en lo penal. Se dispuso así, abogar ante la Corte Suprema para que revoque la medida por estimar que atenta contra la independencia de la función jurisdiccional.
El libelo señala que la queja disciplinaria corresponde a un “arbitrio de control funcionario incompatible con cualquier procedimiento jurisdiccional moderno que asegure la independencia del juzgador, carece absolutamente de un diseño que garantice el derecho de defensa del investigado y ciertamente, es incompatible con los procedimientos penales reformados que estructuran la relación funcional entre tribunales de diversos grados”, por lo que resulta , a base de un sistema racional de recursos de naturaleza estrictamente jurisdiccional, resultando incompatible el ejercicio y uso de aquellos de tipo disciplinario que provienen de un modelo procesal inquisitorial y jerárquico”.